La Fiscalía rechaza que haya infracción penal en la carta de Carlos Martínez

Con fecha de 20 de diciembre, la Fiscalía acaba de acordar el archivo de las actuaciones contra el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón por la carta que dirigiera en septiembre a las familias; rechaza así las reclamaciones del colectivo LGTBI, que llegó incluso a exigir la retirada del concierto.

La Fiscalía ha dado la razón al colegio Juan Pablo II de Alcorcón al señalar que la carta que su director, Carlos Martínez dirigiera a las familias en el mes de septiembre, no hay infracción penal, tal y como había denunciado el colectivo LGTBI, motivo por el cual aquella ha acordado el archivo de actuaciones.

Recordamos que fue precisamente una asociación de este colectivo, que agrupa a gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, la que difundió la carta del director del colegio, iniciando con ella una campaña de acoso y desprestigio , no solo contra la persona del director, sino también contra el centro gestionado por la Fundación Educatio Servanda.

En su misiva, Martínez, calificaba de dogmática la denominada Ley de Protección integral contra la LGTBIfobia por considerar que ésta discriminaba a quien piensa diferente. En opinión del director es un “despropósito querer imponer una ideología a fuerza de sanciones”.

El colectivo LGTB llegó al extremo de exigir la retirada del concierto a este colegio, una reclamación desproporcionada, que omitía, además, el hecho de que es a los padres a quienes corresponde tomar la decisión de optar por el modelo educativo que desean para sus hijos; derecho, por cierto, reconocido y amparado por el art. 23 de la Constitución Española y también por la Declaración Universal de los derechos humanos.

Ésta última afirma que “toda persona tiene derecho  a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”, derecho que incluye “la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.”

Al acordar el archivo de actuaciones, la fiscalía salvaguarda este derecho.

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