El hecho de que la Consejería de Educación acordara archivar las actuaciones por no encontrar irregularidades en la carta de Carlos Martínez y que la fiscalía determinara que no había infracción alguna, no ha impedido que la Consejería de Políticas Sociales y Familia haya propuesto una sanción al director de 1.000 €. Una decisión que no hace sino confirmar las palabras de Martínez cuando en la mencionada carta anticipaba el dogmatismo que suponía “imponer una ley a golpe de sanciones”.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no encontró irregularidad alguna tras la inspección que realizara en los meses pasados.
De igual modo, la Fiscalía acordó, con fecha 20 de diciembre, archivar las actuaciones por considerar que en el contenido de la misiva de Carlos Martínez, director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón, a las familias no se detectó infracción penal alguna.
Por todo ello, no deja de sorprender que el mismo día en que se produjera el mencionado archivo, la Consejería de Políticas Sociales y Familia haya decidido proponer a Carlos Martínez, en base a la misma ley, una sanción administrativa de 1.000 €.
Dicha consejería entiende que en su carta de septiembre el director del colegio “se muestra contrario a las legislaciones más recientes aprobadas por la Asamblea de Madrid” y continúa “en dicha carta, entre otras manifestaciones, se incluye lo siguiente: “Qué dogmatismo acusar de fanatismo a quien piensa diferente; qué despropósito pretender imponer una ley a fuerza de sanciones”.
Es evidente que, después de todo, las palabras de Carlos Martínez resultaron ser premonitorias, pues eso, y no otra cosa, es lo que acaba de hacer con su propuesta de sanción la Consejería de Politicas Sociales y Familia: imponer una ley a fuerza de sanciones.
La propuesta de sanción llegó al colegio el último día de clase, precisamente cuando los escolares festejaban la llegada de la Navidad.
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